CONSTITUCION POLITICA DE LA

REPUBLICA DE CHILE

1980

Con modificaciones aprobadas en el plebiscito de 30

de julio de 1989 incorporadas al texto.

CAPITULO I

Bases de la institucionalidad

Art. 1. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

La familia es el nucleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios

a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y

les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios

fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su

finalidad es promover el bien común, para lo cual debe

contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos

y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su

mayor realización espiritual y material posible, con pleno

respeto a los derechos y garantías que esta Constitución

establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional,

dar protección a la población y a la familia, propender al

fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de

todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las

personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida

nacional.

Art. 2. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el

escudo de armas de la República y el himno nacional.

Art. 3. El Estado de Chile es unitario. Su territorio se

divide en regiones. La ley propenderá a que su administración

sea funcional y territorialmente descentralizada.

Art. 4. Chile es una república democrática.

Art. 5. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su

ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de

elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta

Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo

alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación

el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover

tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los

tratados internacionales ratificados por Chile y que se

encuentren vigentes.

Art. 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a

los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda

persona, institución o grupo.

La infracción de esta norma generará la

responsabilidad y sanciones que determine la ley.

Art. 7. Los órganos del Estado actúan válidamente previa

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia

y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de

personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución

o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y

originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.

Art. 8. Derogado.

Art. 9. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por

esencia contrario a los derechos humanos.

Una ley de quórum calificado determinará las

conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos

delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para

ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección

popular, o de rector o director de establecimientos de

educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para

explotar un medio de comunicación social o ser director o

administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones

relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o

informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones

políticas relacionadas con la educación o de carácter vecinal,

profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en

general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin

perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo

establezca la ley.

No procederá respecto de estos delitos la aministía

ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de

los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados

siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales.

CAPITULO II

Nacionalidad y ciudadanía

Art. 10. Son chilenos:

1º Los nacidos en el territorio de Chile, con

excepción de los hijos de extranjeros que se

encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y

de los hijos de extranjeros transeúntes, todos

los que, sin embargo, podrán optar por la

nacionalidad chilena;

2º Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en

territorio extranjero, hallándose cualquiera de

éstos en actual servicio de la República, quienes

se considerarán para todos los efectos como

nacidos en el territorio chileno;

3º Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en

territorio extranjero, por el sólo hecho de

avecindarse por más de un año en Chile.

4º Los extranjeros que obtuvieren carta de

nacionalización en conformidad a la ley,

renunciando expresamente a su nacionalidad

anterior. No se exigirá esta renuncia a los

nacidos en país extranjero que, en virtud de un

tratado internacional, conceda este mismo

beneficio a los chilenos.

Los nacionalizados en conformidad a este número

tendrán opción a cargos públicos de elección

popular sólo después de cinco años de estar en

posesión de sus cartas de nacionalización, y

5º Los que obtuvieren especial gracia de

nacionalización por ley.

La ley reglamentará los procedimientos de opción

por la nacionalidad chilena; de otorgamiento,

negativa y cancelación de las cartas de

nacionalización, y la formación de un registro de

todos estos actos.

Art. 11. La nacionalidad chilena se pierde:

1º Por nacionalización en país extranjero, salvo en

el caso de aquellos chilenos comprendidos en los

numeros 1º, 2º y 3º del artículo anterior que

hubieren obtenido otra nacionalidad sin renunciar

a su nacionalidd chilena y de acuerdo con lo

establecido en el Nº 4 del mismo artículo.

La causal de perdida de la nacionalidad chilena

señalada precedentemente no regirá respecto de

los chilenos que, en virtud de disposiciones

constitucionales, legales o administrativas del

Estado en cuyo territorio residan, adopten la

nacionalidad extranjera como condición de su

permanencia en él o de igualdad jurídica en el

ejercicio de los derechos civiles con los

nacionales del respectivo pais;

2º Por decreto supremo, en caso de prestación de

servicios durante una guerra exterior a enemigos

de Chile o de sus aliados;

3º Por sentencia judicial condenatoria por delitos

contra la dignidad de la patria o los intereses

esenciales y permanentes del Estado, así

considerados por ley aprobada con quórum

calificado. En estos procesos, los hechos se

apreciarán siempre en conciencia;

4º Por cancelación de la carta de nacionalización, y

5º Por ley que revoque la nacionalización concedida

por gracia.

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena

por cualquiera de las causales establecidas en

este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por

ley.

Art. 12. La persona afectada por acto o resolución de

autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena

o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su

nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema,

la que conocerá como jurado y entribunal pleno. La

interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o

resolución recurridos.

Art. 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido

dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena

aflictiva.

La calidad de ciudadano otorga los derechos de

sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que

la Constitución o la ley confieran.

Art. 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco

años, y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso

primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio

en los casos y formas que determine la ley.

Art. 15. En las votaciones populares el sufragio será

personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será,

además, obligatorio.

Sólo podrá convocarse a votación popular para las

elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta

Constitución.

Art. 16. El derecho de sufragio se suspende:

1º Por interdicción en caso de demencia;

2º Por hallarse la persona procesada por delito que

merezca pena aflictiva o por delito que la ley

califique como conducta terrorista, y

3º Por haber sido sancionado por el Tribunal

Constitucional en conformidad al inciso séptimo

del artículo 19 de esta Constitución. Los que

por esta causa se hallaren privados del ejercicio

del derecho de sufragio lo recuperarán al término

de cinco años, contado desde la declaración del

Tribunal. Esta suspensión no producirá otro

efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el

inciso séptimo del número 15 del artículo 19.

Art. 17. La calidad de ciudadano se pierde:

1º Por pérdida de la nacionalidad chilena;

2º Por condena de pena aflictiva, y

3º Por condena por delitos que la ley califique como

conducta terrorista.

Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal

señalada en el número 2º podrán solicitar su rehabilitación al

Senado, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que

hubieren perdido la ciudadanía por la causal prevista en el

número 3º sólo podrán ser rehabilitados en virtud de una ley de

quórum calificado, una vez cumplida la condena.

Art. 18. Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica

constitucional determinará su organización y funcionamiento,

regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales

y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución

y, garantizará siempre la plena igualdad entre los

independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la

presentación de candidaturas como en su participación en los

señalados procesos.

El resguardo del orden público durante los actos

electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas

y Carabineros del modo que indique la ley.

CAPITULO III

De los derechos y deberes constitucionales

Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas:

1º El derecho a la vida y a la integridad física y

psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por

delito contemplado en ley aprobada con quórum

calificado.

Se prohibe la aplicación de todo apremio

ilegítimo;

2º La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona

ni grupo privilegiados.

En Chile no hay esclavos y el que pise su

territorio queda libre.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer

diferencias arbitrarias;

3º La igual protección de la ley en el ejercicio de

sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en

la forma que la ley señale y ninguna autoridad o

individuo podrá impedir, restringir o perturbar

la debida intervención del letrado si hubiere

sido requerida. Tratándose de los integrantes de

las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad

Pública, este derecho se regirá, en lo

concerniente a lo administrativo y disciplinario,

por las normas pertinentes de sus respectivos

estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar

asesoramiento y defensa jurídica a quienes no

puedan procurárselos por sí mismos.

Nadie puede ser juzgado por comisiones

especiales, sino por el tribunal que le señale la

ley y que se halle establecido con anterioridad

por ésta.

Toda sentencia de un órgano que ejerza

jurisdicción debe fundarse en un proceso previo

legalmente tramitado. Corresponderá al

legislador establecer siempre las garantías de un

racional y justo procedimiento.

La ley no podrá presumir de derecho la

responsabilidad penal.

Ningun delito se castigará con otra pena que la

que señale una ley promulgada con anterioridad a

su perpetración, a menos que una nueva ley

favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la

conducta que se sanciona esté expresamente

descrita en ella;

4º El respeto y protección a la vida privada y

pública y a la honra de la persona y de su

familia.

La infracción de este precepto, cometida a través

de un medio de comunicación social, y que

consistiere en la imputación de un hecho o acto

falso, o que cause injustificadamente daño o

descrédito a una persona o a su familia, será

constitutiva de delito y tendrá la sanción que

determine la ley. Con todo, el medio de

comunicación social podrá excepcionarse probando

ante el tribunal correspondiente la verdad de la

imputación, a menos que ella constituya por sí

misma el delito de injuria a particulares.

Además, los propietarios, editores, directores y

administradores del medio de comunicación social

respectivo serán solidariamente responsables de

las indemnizaciones que procedan;

5º La inviolabilidad del hogar y de toda forma de

comunicación privada.

El hogar sólo puede allanarse y las

comunicaciones y documentos privados

interceptarse, abrirse o registrarse en los casos

y formas determinados por la ley;

6º La libertad de conciencia, la manifestación de

todas las creencias; y el ejercicio libre de

todos los cultos que no se opongan a la moral, a

las buenas costumbres o al orden público.

Las confesiones religiosas podrán erigir y

conservar templos y sus dependencias bajo las

condiciones de seguridad e higiene fijadas por

las leyes y ordenanzas.

Las iglesias, las confesiones e instituciones

religiosas de cualquier culto tendrán los

derechos que otorgan y reconocen, con respecto a

los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los

templos y sus dependencias, destinados

exclusivamente al servicio de un culto, estarán

exentos de toda clase de contribuciones;

7º El derecho a la libertad personal y a la

seguridad individual.

En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho a residir y permanecer

en cualquier lugar de la República, trasladarse

de uno a otro y salir de su territorio, a

condición de que se guarden las normas

establecidas en la ley y salvo siempre el

perjuicio de terceros;

b) Nadie puede ser privado de su libertad personal

ni ésta restringida sino en los casos y en la

forma determinados por la Constitución y las

leyes;

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por

orden de funcionario público expresamente

facultado por la ley y después de que dicha orden

le sea intimada en forma legal. Sin embargo,

podrá ser detenido el que fuere sorprendido en

delito flagrante, con el sólo objeto de ser

puesto a disposición del juez competente dentro

de las veinticuatro horas siguientes.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a

alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y

ocho horas siguientes, dar aviso al juez

competente, poniendo a su disposición al

afectado. El juez podrá, por resolución fundada,

ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta

por diez días, en el caso que se investigaren

hechos calificados por la ley como conductas

terroristas;

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a

prisión preventiva o preso, sino en su casa o en

lugares públicos destinados a este objeto.

Los encargados de las prisiones no pueden recibir

en ellas a nadie en calidad de arrestado o

detenido, procesado o preso, sin dejar constancia

de la orden correspondiente, emanada de autoridad

que tenga facultad legal, en un registro que será

público.

Ninguna incomunicación puede impedir que el

funcionario encargado de la casa de detención

visite al arrestado o detenido, procesado o

preso, que se encuentre en ella. Este

funcionario está obligado, siempre que el

arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al

juez competente la copia de la orden de

detención, o a reclamar para que se le dé dicha

copia, o a dar él mismo un certificado de

hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo

de su detención se hubiere omitido este

requisito;

e) La libertad provisional procederá a menos que la

detención o la prisión preventiva sea considerada

por el juez como necesaria para las

investigaciones del sumario o para la seguridad

del ofendido o de la sociedad. La ley

establecerá los requisitos y modalidades para

obtenerla;

f) En las causas criminales no se podrá obligar al

inculpado a que declare bajo juramento sobre

hecho propio; tampoco podrán ser obligados a

declarar en contra de éste sus ascendientes,

descendientes, cónyuge y demás personas, que

según los casos y circunstancias, señale la ley;

g) No podrá imponerse la pena de confiscación de

bienes, sin perjuicio del comiso en los casos

establecidos por las leyes; pero dicha pena será

procedente respecto de las asociaciones ilícitas;

h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los

derechos previsionales, e

i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o

sentencia absolutoria, el que hubiere sido

sometido a proceso o condenado en cualquier

instancia por resolución que la Corte Suprema

declare injustificadamente errónea o arbitraria,

tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de

los perjuicios patrimoniales y morales que haya

sufrido. La indemnización será determinada

judicialmente en procedimiento breve y sumario y

en él la prueba se apreciará en conciencia;

8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación. Es deber del Estado velar para

que este derecho no sea afectado y tutelar la

preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas

al ejercicio de determinados derechos o

libertades para proteger el medio ambiente;

9º El derecho a la protección de la salud.

El Estado protege el libre e igualitario acceso a

las acciones de promoción, protección y

recuperación de la salud y de rehabilitación del

individuo.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y

control de las acciones relacionadas con la

salud.

Es deber preferente del Estado garantizar la

ejecución de las acciones de salud, sea que se

presten a través de instituciones públicas o

privadas, en la forma y condiciones que determine

la ley, la que podrá establecer cotizaciones

obligatorias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir el

sistema de salud al que desee acogerse, sea éste

estatal o privado;

10º El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo

de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el

deber de educar a sus hijos. Corresponderá al

Estado otorgar especial protección al ejercicio

de este derecho.

La educación básica es obligatoria, debiendo el

Estado financiar un sistema gratuito con tal

objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de

toda la población.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el

desarrollo de la educación en todos sus niveles;

estimular la investigación científica y

tecnológica, la creación artística y la

protección e incremento del patrimonio cultural

de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo

y perfeccionamiento de la educación;

11º La libertad de enseñanza incluye el derecho de

abrir, organizar y mantener establecimientos

educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras

limitaciones que las impuestas por la moral, las

buenas costumbres, el orden público y la

seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá

orientarse a propagar tendencia político

partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el

establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los

requisitos mínimos que deberán exigirse en cada

uno de los niveles de la enseñanza básica y media

y señalará las normas objetivas, de general

aplicación, que permitan al Estado velar por su

cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo,

establecerá los requisitos para el reconocimiento

oficial de los establecimientos educacionales de

todo nivel;

12º La libertad de emitir opinión y la de informar,

sin censura previa, en cualquier forma y por

cualquier medio, sin perjuicio de responder de

los delitos y abusos que se cometan en el

ejercicio de estas libertades, en conformidad a

la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio

estatal sobre los medios de comunicación social.

Toda persona natural o jurídica ofendida o

injustamente aludida por algún medio de

comunicación social tiene derecho a que su

declaración o rectificación sea gratuitamente

difundida, en las condiciones que la ley

determine, por el medio de comunicación social en

que esa información hubiera sido emitida.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho

de fundar, editar y mantener díarios, revistas y

periódicos, en las condiciones que señale la ley.

El Estado, aquellas universidades y demás

personas o entidades que la ley determine, podrán

establecer, operar y mantener estaciones de

televisión.

Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo

y con personalidad jurídica, encargado de velar

por el correcto funcionamiento de estos medios de

comunicación. Una ley de quórum calificado

señalará la organización y demás funciones y

atribuciones del referido Consejo.

La ley establecerá un sistema de censura para la

exhibición y publicidad de la producción

cinematográfica;

13º El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso

previo y sin armas.

Las reuniones en las plazas, calles y demás

lugares de uso público, se regirán por las

disposiciones generales de policía;

14º El derecho de presentar peticiones a la

autoridad, sobre cualquier asunto de interés

público o privado, sin otra limitación que la de

proceder en términos respetuosos y convenientes;

15º El derecho de asociarse sin permiso previo.

Para gozar de personalidad jurídica, las

asociaciones deberán constituirse en conformidad

a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una

asociación.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la

moral, al orden público y a la seguridad del

Estado.

Los partidos políticos no podrán intervenir en

actividades ajenas a las que le son propias ni

tener privilegio alguno o monopolio de la

participación ciudadana; la nómina de sus

militantes se registrará en el Servicio Electoral

del Estado, el que guardará reserva de la misma,

la cual será accesible a los militantes del

respectivo partido; su contabilidad deberá ser

pública; las fuentes de su financiamiento no

podrán provenir de dineros, bienes, donaciones,

aportes ni créeditos de origen extranjero; sus

estatutos deberán contemplar las normas que

aseguren una efectiva democracia interna. Una

ley orgánica constitucional regulará las demás

materias que les conciernan y las sanciones que

se aplicarán por el incumplimiento de sus

preceptos, dentro de las cuales podrá considerar

su disolución. Las asociaciones, movimientos,

organizaciones o grupos de personas que persigan

o realicen actividades propias de los partidos

políticos sin ajustarse a las normas anteriores

son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la

referida ley orgánica constitucional.

La Constitución Política garantiza el pluralismo

político. Son inconstitucionales los partidos,

movimientos u otras formas de organización cuyos

objetivos, actos o conductas no respeten los

principios básicos del régimen democrático y

constitucional, procuren el establecimiento de un

sistema totalitario, como asimismo aquellos que

hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten

a ella como método de acción política.

Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar

esta inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas

en la Constitución o en la ley, las personas que

hubieren tenido participación en los hechos que

motiven la declaración de inconstitucionalidad a

que se refiere el inciso precedente, no podrán

participar en la formación de otros partidos

políticos, movimineots u otras formas de

organización política, ni optar a cargos públicos

de elección popular ni desempeñar los cargos que

se mencionan en los números 1º a 6º del artículo

54, por el término de cinco años, contando desde

la resolución del Tribunal. Si a esa fecha las

personas referidas estuvieren en posesión de las

funciones o cargos indicados, los perderán de

pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este

precepto no podrán ser objeto de rehabilitación

durante el plazo señalado en el inciso anterior.

La duración de las inhabilidades contempladas en

dicho inciso se elevará al doble en caso de

reincidencia;

16º La libertad de trabajo y su protección.

Toda persona tiene derecho a la libre

contratación y a la libre elección del trabajo

con una justa retribución.

Se prohibe cualquiera discriminación que no se

base en la capacidad o idoneidad personal, sin

perjuicio de que la ley pueda exigir la

nacionalidad chilena o límites de edad para

determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida,

salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o

a la salubridad pública, o que lo exija el

interés nacional y una ley lo declare así.

Ninguna ley o disposición de autoridad pública

podrá exigir la afiliación a organización o

entidad alguna como requisito para desarrollar

una determinada actividad o trabajo, ni la

desafiliación para mantenerse en éstos. La ley

determinará las profesiones que requieren grado o

título universitario y las condiciones que deben

cumplirse para ejercerlas.

La negociación colectiva con la empresa en que

laboren es un derecho de los trabajadores, salvo

los casos en que la ley expresamente no permita

negociar. La ley establecerá las modalidades de

la negociación colectiva y los procedimientos

adecuados para lograr en ella una solución justa

y pacífica. La ley señalará los casos en que la

negociación colectiva deba someterse a arbitraje

obligatorio, el que corresponderá a tribunales

especiales de expertos cuya organización y

atribuciones se establecerán en ella.

No podrán declararse en huelga los funcionarios

del Estado ni de las municipalidades. Tampoco

podrán hacerlo las personas que trabajen en

corporaciones o empresas, cualquiera que sea su

naturaleza, finalidad o función, que atiendan

servicios de utilidad pública o cuya paralización

cause grave daño a la salud, a la economía del

país, al abastecimiento de la población o a la

seguridad nacional. La ley establecerá los

procedimientos para determinar las corporaciones

o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a

la prohibición que establece este inciso;

17º La admisión a todas las funciones y empleos

públicos, sin otros requisitos que los que

impongan la Constitución y las leyes;

18º El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este

derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar

el acceso de todos los habitantes al goce de

prestaciones básicas uniformes, sea que se

otorguen a través de instituciones públicas o

privadas. La ley podrá establecer cotizaciones

obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del

derecho a la seguridad social;

19º El derecho de sindicarse en los casos y forma que

señale la ley. La afiliación sindical será

siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de

personalidad jurídica por el solo hecho de

registrar sus estatutos y actas constitutivas en

la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la

autonomía de estas organizaciones. Las

organizaciones sindicales no podrán intervenir en

actividades político- partidistas;

20º La igual repartición de los tributos en

proporción a las rentas o en la progresión o

forma que fije la ley, y la igual repartición de

las demás cargas públicas.

En ningún caso la ley podrá establecer tributos

manifiestamente desproporcionados o injustos.

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea

su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la

Nación y no podrán estar afectos a un destino

determinado.

Sin embargo, la ley podrá autorizar que

determinados tributos puedan estar afectados a

fines propios de la defensa nacional o autorizar

que los que gravan actividades o bienes que

tengan una clara identificación local puedan ser

establecidos dentro de los marcos que la misma

ley señale, por las autoridades comunales y

destinados a obras de desarrollo comunal;

21º El derecho a desarrollar cualquiera actividad

económica que no sea contraria a la moral, al

orden público o a la seguridad nacional,

respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar

actividades empresariales o participar en ellas

sólo si una ley de quórum calificado los

autoriza. En tal caso, esas actividades estarán

sometidas a la legislación común aplicable a los

particulares, sin perjuicio de las excepciones

que por motivos justificados establezca la ley,

la que deberá ser, asimismo, de quórum

calificado;

22º La no discriminación arbitraria en el trato que

deben dar el Estado y sus organismos en materia

económica.

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no

signifique tal discriminación, se podrán

autorizar determinados beneficios directos o

indirectos en favor de algún sector, actividad o

zona geográfica, o establecer gravámenes

especiales que afecten a uno u otras. En el caso

de las franquicias o beneficios indirectos, la

estimación del costo de éstos deberá incluirse

anualmente en la Ley de Presupuestos;

23º La libertad para adquirir el dominio de toda

clase de bienes, excepto aquellos que la

naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o

que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo

declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo

prescrito en otros preceptos de esta

Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo

exija el interés nacional puede establecer

limitaciones o requisitos para la adquisición del

dominio de algunos bienes;

24º El derecho de propiedad en sus diversas especies

sobre toda clase de bienes corporales o

incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir

la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y

las limitaciones y obligaciones que deriven de su

función social. Esta comprende cuanto exijan los

intereses generales de la Nación, la seguridad

nacional, la utilidad y la salubridad públicas y

la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su

propiedad, del bien sobre que recae o de algunos

de los atributos o facultades esenciales del

dominio, sino en virtud de ley general o especial

que autorice la expropiación por causa de

utilidad pública o de interes nacional,

calificada por el legislador. El expropiado

podrá reclamar de la legalidad del acto

expropiatorio ante los tribunales ordinarios y

tendrá siempre derecho a indemnización por el

daño patrimonial efectivamente causado, la que se

fijará de común acuerdo o en sentencia dictada

conforme a derecho por dichos tribunales.

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser

pagada en dinero efectivo al contado.

La toma de posesión material del bien expropiado

tendrá lugar, previo pago del total de la

indemnización, la que, a falta de acuerdo, será

determinada provisionalmente por peritos en la

forma que señale la ley. En caso de reclamo

acerca de la procedencia de la expropiación, el

juez podrá, con el mérito de los antecedentes que

se invoquen, decretar la suspensión de la toma de

posesión.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo,

inalienable e imprescriptible de todas las minas,

comprendiéndose en éstas las covaderas, las

arenas metalíferas, los salares, los depósitos de

carbón e hidrocarburos y las demás sustancias

fósiles, con excepción de las arcillas

superficiales, no obstante la propiedad de las

personas naturales o jurídicas sobre los terrenos

en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los

predios superficiales estarán sujetos a las

obligaciones y limitaciones que la ley señale

para facilitar la exploración, y el beneficio de

dichas minas.

Corresponde a la ley determinar que sustancias de

aquellas a que se refiere el inciso precedente,

exceptuados los hidrocarburos líquidos o

gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de

exploración o de explotación. Dichas concesiones

se constituirán siempre por resolución judicial y

tendrán la duración, conferirán los derechos e

impondrán las obligaciones que la ley exprese, la

que tendrá el carácter de orgánica

constitucional. La concesión minera obliga al

dueño a desarrollar la actividad necesaria para

satisfacer el interés público que justifica su

otorgamiento. Su régimen de amparo será

establecido por dicha ley, tenderá directa o

indirectamente a obtener el cumplimiento de esa

obligación y contemplará causales de caducidad

para el caso de incumplimiento o de simple

extinción del dominio sobre la concesión. En

todo caso, dichas causales y sus efectos deben

estar establecidos al momento de otorgarse la

concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales

ordinarios de justicia declarar la extinción de

tales concesiones. Las controversias que se

produzcan respecto de la caducidad o extinción

del dominio sobre la concesión serán resueltas

por ellos; y en caso de caducidad, el efectado

podrá requerir de la justicia la declaración de

subsistencia de su derecho.

El dominio del titular sobre su concesión minera

está protegido por la garantía constitucional de

que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de

los yacimientos que contengan sustancias no

susceptibles de concesión, podrán ejecutarse

directamente por el Estado o por sus empresas, o

por medio de concesiones administrativas o de

contratos especiales de operación, con los

requisitos y bajo las condiciones que el

Presidente de la República fije, para cada caso,

por decreto supremo. Esta norma se aplicará

también a los yacimientos de cualquier especie

existentes en las aguas marítimas sometidas a la

jurisdicción nacional y a los situados, en todo o

en parte, en zonas que, conforme a la ley, se

determinen como de importancia para la seguridad

nacional. El Presidente de la República podrá

poner término, en cualquier tiempo, sin expresión

de causa y con la indemnización que corresponda,

a las concesiones administrativas o a los

contratos de operación relativos a explotaciones

ubicadas en zonas declaradas de importancia para

la seguridad nacional.

Los derechos de los particulares sobre las aguas,

reconocidos o constituidos en conformidad a la

ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre

ellos;

25º El derecho del autor sobre sus creaciones

intelectuales y artistícas de cualquier especie

por el tiempo que señale la ley y que no será

inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las

obras y otros derechos, como la paternidad, la

edición y la integridad de la obra, todo ello en

conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial

sobre las patentes de invención, marcas

comerciales, modelos, procesos tecnológicos u

otras creaciones análogas, por el tiempo que

establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones

intelectuales y artísticas y la propiedad

industrial lo prescrito en los incisos segundo,

tercero, cuarto y quinto del número anterior, y

26º La seguridad de que los preceptos legales que por

mandato de la Constitución regulen o complementen

las garantías que ésta establece o que las

limiten en los casos en que ella lo autoriza, no

podrán afectar los derechos en su esencia, ni

imponer condiciones, tributos o requisitos que

impidan su libre ejercicio.

Art. 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o

ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo

ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el

artículo 19, numeros 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º

inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la

libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre

contratacion, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º,

22º, 23º, 24º y 25º, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su

nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de

inmediato las providencias que juzgue necesarias para

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida

protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que

pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales

correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el

caso del Nº 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un

medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto

arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona

determinada.

Art. 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o

preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las

leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la

magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se

guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las

providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio

del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea

traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido

por todos los encargados de las cárceles o lugares de

detención. Instruída de los antecedentes, decretará su libertad

inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al

individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo

breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos defectos o dando

cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser

deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra

cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho

a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva

magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los

incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el

imperio del derecho y asegurar la debida protección del

afectado.

Art. 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y

a sus emblemas nacionales.

Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a

la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar

la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición

chilena.

El servicio militar y demás cargas personales que

imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que

ésta determine.

Los chilenos en estado de cargar armas deberán

hallarse inscritos en los Registros Militares, si no están

legalmente exceptuados.

Art. 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus

dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución

les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas

a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la

ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las

organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores,

nacionales y regionales, de los partidos políticos.

La ley establecerá las sanciones que corresponda

aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en

actividades político- partidistas y a los dirigentes de los

partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las

organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la

propia ley señale.

CAPITULO IV

Gobierno

Presidente de la República

Art. 24. El gobierno y la administración del Estado

corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del

Estado.

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por

objeto la conservación del orden público en el interior y la

seguridad externa de la República, de acuerdo con la

Constitución y las leyes.

El Presidente de la República, a lo menos una vez al

año, dará cuenta al país del estado administrativo y político de

la Nación.

Art. 25. Para ser elegido Presidente de la República se

requiere haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos

cuarenta años de edad y poseer las demás cualidades necesarias

para ser ciudadano con derecho a sufragio.

El Presidente de la República durará en el ejercicio

de sus funciones por el termino de ocho años y no podrá ser

reelegido para el período siguiente.

El Presidente de la República no podrá salir del

territorio nacional por más de treinta días ni en los últimos

noventa días de su periodo, sin acuerdo del Senado.

En todo caso, el Presidente de la República

comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de

ausentarse del territorio y los motivos que la justifican.

Art. 26. El Presidente será elegido en votación directa y por

mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La

elección se realizará, en la forma que determine la ley, noventa

días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en

funciones.

Si a la elección de Presidente se presentaren más de

dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de

los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una nueva

elección que se verificará, en la forma que determine la ley,

quince días después de que el Tribunal Calificador, dentro del

plazo señalado en el artículo siguiente, haga la correspondiente

declaración. Esta elección se circunscribirá a los dos

candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorias

relativas.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos

precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán

como no emitidos.

Art. 27. El proceso de calificación de la elección

presidencial deberá quedar concluido dentro de los cuarenta días

siguientes a la primera elección o de los veinticinco días

siguientes a la segunda.

El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de

inmediato al Presidente del Senado la proclamación de Presidente

electo que haya efectuado.

El Congreso Pleno, reunido en sesión pública noventa

días después de la primera o única elección y con los miembros

que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de

la cual el Tribunal Calificador proclama al Presidente electo.

En este mismo acto, el Presidente electo prestará

ante el Presidente del Senado, juramento o promesa de desempeñar

fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la

independencia de la Nacion, guardar y hacer guardar la

Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones.

Art. 28. Si el Presidente electo se hallare impedido para

tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título

de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a

falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema, y a falta de

éste, el Presidente de la Cámara de Diputados.

Con todo, si el impedimento del Presidente electo

fuere absoluto o debiera durar indefinidamente, el

Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del

Senado adoptado en conformidad al artículo 49 Nº 7º, expedirá

las ordenes convenientes para que se proceda, dentro del plazo

de sesenta días, a nueva eleeción en la forma prevista por la

Constitución y la Ley de Elecciones. El Presidente de la

República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad

que señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el

día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo

que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva

elección.

Art. 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad,

ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la

República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el

título de Vicepresidente de la República, el Ministro titular a

quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal.

A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro

titular que siga en ese orden de precedencia y, a falta de todos

ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del Senado, el

Presidente de la Corte Suprema y el Presidente de la Cámara de

Diputados.

En caso de vacancia del cargo de Presidente de la

República, se producirá la subrogación como en las situaciones

del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en

conformidad a las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos

años para la próxima elección general de parlamentarios, el

Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría

absoluta de los senadores y diputados en ejercicio y durará en

el cargo hasta noventa días después de esa elección general.

Conjuntamente, se efectuará una nueva elección presidencial por

el período señalado en el inciso segundo del artículo 25. La

elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días

siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su

cargo dentro de los treinta días siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más

para la próxima elección general de parlamentarios, el

Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato,

convocará a los ciudadanos a elección presidencial para el

nonagésimo día después de la convocatoria. El Presidente que

resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su

proclamación y durará en él hasta noventa días después de la

segunda elección general de parlamentarios que verifique durante

su mandato, lo que se hará en conjunto con la nueva elección

presidencial.

El Presidente elegido conforme a alguno de los

incisos precedentes no podrá postular como candidato a la

elección presidencial siguiente.

Art. 30. El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que

se complete su período y le sucederá el recientemente elegido.

Art. 31. El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en

su caso, el Vicepresidente de la República, tendrá todas las

atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente de la

República.

Art. 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la

República:

1º Concurrir a la formación de las leyes con arreglo

a la Constitucion, sancionarlas y promulgarlas;

2º Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria

y clausurarla;

3º Dictar, previa delegación de facultades del

Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las

materias que señala la Constitución;

4º Convocar a plebiscito en los casos del artículo

117;

5º Derogado.

6º Designar, en conformidad al artículo 45 de esta

Constitución, a los integrantes del Senado que se

indican en dicho precepto;

7º Declarar los estados de excepción constitucional

en los casos y formas que se señalan en esta

Constitución;

8º Ejercer la potestad reglamentaria en todas

aquellas materias que no sean propias del dominio

legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los

demás reglamentos, decretos e instrucciones que

crea convenientes para la ejecución de las leyes;

9º Nombrar, y remover a su voluntad a los ministros

de Estado, subsecretarios, intendentes,

gobernadores y a los alcaldes de su designación;

10º Designar a los embajadores y ministros

diplomáticos y a los representantes ante

organismos internacionales. Tanto estos

funcionarios como los señalados en el Nº 9º

precedente, serán de la confianza exclusiva del

Presidente de la República y se mantendrán en sus

puestos mientras cuenten con ella;

11º Nombrar al Contralor General de la República con

acuerdo del Senado;

12º Nombrar y remover a los funcionarios que la ley

denomina como de su exclusiva confianza y proveer

los demás empleos civiles en conformidad a la

ley. La remoción de los demás funcionarios se

hará de acuerdo a las disposiciones que ésta

determine;

13º Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y

pensiones de gracia, con arreglo a las leyes;

14º Nombrar a los magistrados de los tribunales

superiores de justicia y a los jueces letrados, a

disposición de la Corte Suprema y de las Cortes

de Apelaciones, respectivamente, y al miembro del

Tribunal Constitucional que le corresponde

designar, todo ello conforme a lo prescrito en

esta Constitución;

15º Velar por la conducta ministerial de los jueces y

demás empleados del Poder Judicial y requerir,

con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si

procede, declare su mal comportamiento, o al

ministerio público, para que reclame medidas

disciplinarias del tribunal competente, o para

que, si hubiere mérito bastante, entable la

correspondiente acusación;

16º Otorgar indultos particulares en los casos y

formas que determine la ley. El indulto será

improcedente en tanto no se haya dictado

sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso.

Los funcionarios acusados por la Cámara de

Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden

ser indultados por el Congreso;

17º Conducir las relaciones políticas con las

potencias extranjeras y organismos

internacionales, y llevar a cabo las

negociaciones; concluir, firmar y ratificar los

tratados que estime convenientes para los

intereses del país, los que deberán ser sometidos

a la aprobación del Congreso conforme a lo

prescrito en el artículo 50 Nº 1º. Las

discusiones y deliberaciones sobre estos objetos

serán secretas si el Presidente de la República

así lo exigiere;

18º Designar y remover a los Comandantes en Jefe del

Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al

General Director de Carabineros en conformidad al

artículo 93, y disponer los nombramientos,

ascensos y retiros de los Oficiales de las

Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que

señala el artículo 94;

19º Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra,

organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las

necesidades de la seguridad nacional;

20º Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de

las Fuerzas Armadas;

21º Declarar la guerra, previa autorización por ley,

debiendo dejar constancia de haber oído al

Consejo de Seguridad Nacional, y

22º Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y

decretar su inversión con arreglo a la ley. El

Presidente de la República, con la firma de todos

los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no

autorizados por la ley, para atender necesidades

impostergables derivadas de calamidades públicas,

de agresión exterior, de conmoción interna, de

grave daño o peligro para la seguridad nacional o

del agotamiento de los recursos destinados a

mantener servicios que no puedan paralizarse sin

serio perjuicio para el país. El total de los

giros que se hagan con estos objetos no podrá

exceder anualmente del dos por ciento (2%) del

monto de los gastos que autorice la Ley de

Presupuesto. Se podrá contratar empleados con

cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem

respectivo pueda ser incrementado ni disminuido

mediante traspasos. Los Ministros de Estado o

funcionarios que autoricen o den curso a gastos

que contravengan lo dispuesto en este número

serán responsables solidaria y personalmente de

su reintegro, y culpables del delito de

malversación de caudales públicos.

Ministros de Estado

Art. 33. Los Ministros de Estado son los colaboradores

directos e inmediatos del Presidente de la República en el

gobierno y administración del Estado.

La ley determinará el número y organización de los

Ministerios, como también el orden de precedencia de los

Ministros titulares.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno

o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a

los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el

Congreso Nacional.

Art. 34. Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno,

tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos

generales para el ingreso a la Administración Pública.

En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de

un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del

cargo será reemplazado en la forma que establezca la ley.

Art. 35. Los reglamentos y decretos del Presidente de la

República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán

obedecidos sin este esencial requisito.

Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la

sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de

la República, en conformidad a las normas que al efecto

establezca la ley.

Art. 36. Los Ministros serán responsables individualmente de

los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren

o acordaren con los otros Ministros.

Art. 37. Los Ministros podrán, cuando lo estimaren

conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o

del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para

hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la

votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos

por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.

Bases Generales de la

Administración del Estado

Art. 38. Una ley orgánica constitucional determinará la

organización básica de la Administración Pública, garantizará la

carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y

profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad

de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el

perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos

por la Administración del Estado, de sus organismos o de las

municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que

determine la ley, sinperjuicio de la responsabilidad que pudiere

afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

Estados de excepción constitucional

Art. 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la

Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser

afectados en las siguientes situaciones de excepción: guerra

externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad

pública.

Art. 40.

1º En situación de guerra externa, el Presidente de

la República, con acuerdo del Consejo de

Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte

del territorio nacional en estado de asamblea.

2º En caso de guerra interna o conmoción interior,

el Presidente de la República podrá, con acuerdo

del Congreso, declarar todo o parte del

territorio nacional en estado de sitio.

El Congreso, dentro del plazo de diez días,

contados desde la fecha en que el Presidente de

la República someta la declaración de estado de

sitio a su consideración, deberá pronunciarse

aceptando o rechazando la proposición, sin que

pueda introducirle modificaciones. Si el

Congreso no se pronunciare dentro de dicho plazo,

se entenderá que aprueba la proposición.

Sin embargo, el Presidente de la República,

previo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional,

podrá aplicar el estado de sitio de inmediato,

mientras el Congreso se pronuncia sobre la

declaración.

Cada rama del Congreso deberá emitir su

pronunciamiento, por la mayoría de los miembros

presentes, sobre la declaración de estado de

sitio propuesta por el Presidente de la

República. Podrá el Congreso, en cualquier

tiempo y por la mayoría absoluta de los miembros

en ejercicio de cada Cámara, dejar sin efecto el

estado de sitio que hubiere aprobado.

La declaración de estado de sitio sólo podrá

hacerse hasta por un plazo máximo de noventa

días, pero el Presidente de la República podrá

solicitar su prórroga, la que se tramitará en

conformidad a las normas precedentes.

3º El Presidente de la República, con acuerdo del

Consejo de Seguridad Nacional podrá declarar todo

o parte del territorio nacional en estado de

emergencia, en casos graves de alteración del

orden público, daño o peligro para la seguridad

nacional, sea por causa de origen interno o

externo.

Dicho estado no podrá exceder de noventa días,

pudiendo declararse nuevamente si se mantienen

las circunstancias.

4º En caso de calamidad pública, el Presidente de la

República, con acuerdo del Consejo de Seguridad

Nacional, podrá declarar la zona afectada o

cualquiera otra que lo requiera como consecuencia

de la calamidad producida, en estado de

catástrofe.

5º El Presidente de la República podrá decretar

simultáneamente dos o más estados de excepción si

concurren las causales que permiten su

declaración.

6º El Presidente de la República podrá, en cualquier

tiempo, poner término a dichos estados.

Art. 41.

1º Por la declaración de estado de asamblea el

Presidente de la República queda facultado para

suspender o restringir la libertad personal, el

derecho de reunión, la libertad de información y

de opinión y la libertad de trabajo. Podrá

también, restringir el ejercicio del derecho de

asociación y de sindicación, imponer censura a la

correspondencia y a las comunicaciones, disponer

requisiciones de bienes y establecer limitaciones

al ejercicio del derecho de propiedad.

2º Por la declaración de estado de sitio el

Presidente de la República podrá trasladar a las

personas de un punto a otro del territorio

nacional, arrestarlas en sus propias casas o en

lugares que no sean cárceles ni otros que estén

destinados a la detención o prisión de reos

comunes. Podrá además suspender o restringir el

ejercicio del derecho de reunión y restringir el

ejercicio de las libertades de locomoción, de

información y de opinión.

Las medidas de traslado deberá cumplirse en

localidades urbanas que reúnan las condiciones

que la ley determine.

3º Los tribunales de justicia no podrán, en caso

alguno, entrar a calificar los fundamentos ni las

circunstancias de hecho invocadas por la

autoridad para adoptar las medidas en el

ejercicio de las facultades excepcionales que le

confiere esta Constitución. La interposición y

tramitación de los recursos de amparo y de

protección que conozcan los tribunales no

suspenderán los efectos de las medidas

decretadas, sin perjuicio de lo que resuelvan en

definitiva respecto de tales recursos.

4º Por la declaración de estado de emergencia, se

podrá restringir el ejercicio de la libertad de

locomoción y del derecho de reunión.

5º Por la declaración del estado de catástrofe el

Presidente de la República podrá restringir la

circulación de las personas y el transporte de

mercaderías, y las libertades de trabajo, de

información y de opinión, y de reunión. Podrá,

asimismo, disponer requisiciones de bienes y

establecer limitaciones al ejercicio del derecho

de propiedad y adoptar todas las medidas

extraordinarias de carácter administrativo que

estime necesarias.

6º Declarado el estado de emergencia o de

catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo

la dependencia inmediata del jefe de la Defensa

Nacional que el Gobierno designe, quien asumirá

el mando con las atribuciones y deberes que la

ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a

informar al Congreso de las medidas adoptadas en

virtud de los estados de emergencia y de

catástrofe.

7º Las medidas que se adopten durante los estados de

excepción, no podrán prolongarse más allá de la

vigencia de dichos estados.

En ningun caso las medidas de restricción y

privación de la libertad podrán adoptarse en

contra de los parlamentarios, de los jueces, de

los miembros del Tribunal Constitucional, del

Contralor General de la República y de los

miembros del Tribunal Calificador de Elecciones.

8º Las requisiciones que se practiquen darán lugar a

indemnizaciones en conformidad a la ley. También

darán derecho a indemnización las limitaciones

que se impongan al derecho de propiedad cuando

importen privación de alguno de los atributos o

facultades esenciales del dominio y con ellos se

cause daño.

9º Una ley orgánica constitucional podrá regular los

estados de excepción y facultar al Presidente de

la República para ejercer por sí o por otras

autoridades las atribuciones señaladas

precedentemente, sin perjuicio de lo establecido

en los estados de emergencia y de catástrofe.

CAPITULO V

Congreso Nacional

Art. 42. El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la

Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación

de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las

demás atribuciones que ella establece.

Composición y generación de la Cámara de

Diputados y del Senado

Art. 43. La Cámara de Diputados está integrada por 120

miembros elegidos en votación directa por los distritos

electorales que establezca la ley orgánica constitucional

respectiva.

La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad

cada cuatro años.

Art. 44. Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano

con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad,

haber cursado la Ensenanza Media o equivalente, y tener

residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral

correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado

hacia atras desde el día de la elección.

Art. 45. El Senado se compone de miembros elegidos en votación

directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a

las trece regiones del país. Cada región constituirá una

circunscripción, excepto seies de ellas que serán divididas,

cada una, en dos circunscripciones por la ley orgánica

constitucional respectiva. A cada circunscripción corresponde

elegir dos senadores.

Los senadores elegidos por votación directa durarán

ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro

años, correspondiendo hacerlo en un período a los representantes

de las regiones de número impar y en el siguiente a los de las

regiones de número par y la Región Metropolitana.

El Senado estará integrado también por:

a) Los ex Presidentes de la República que hayan

desempeñado el cargo durante seis años en forma

continua, salvo que hubiese tenido lugar lo

previsto en el inciso tercero del número 1º. del

artículo 49 de esta Constitución. Estos

senadores lo serán por derecho propio y con

carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean

aplicables las incompatibilidades, incapacidades

y causales de cesación en el cargo contempladas

en los artículos 55, 56 y 57 de esta

Constitución;

b) Dos ex Ministros de la Corte Suprema, elegidos

por ésta en votaciones sucesivas, que hayan

desempeñado el cargo a lo menos por dos años

continuos;

c) Un ex Contralor General de la República, que haya

desempeñado el cargo a lo menos por dos años

continuos, elegido también por la Corte Suprema;

d) Un ex Comandante en Jefe del Ejército, uno de la

Armada, otro de la Fuerza Aérea, y un ex General

Director de Carabineros que hayan desempeñado el

cargo a lo menos por dos años, elegidos por el

Consejo de Seguridad Nacional;

e) Un ex rector de universidad estatal o reconocida

por el Estado, que haya desempeñado el cargo por

un período no inferior a dos años continuos,

designado por el Presidente de la República, y

f) Un ex Ministro de Estado, que haya ejercido el

cargo por más de dos años continuos, en períodos

presidenciales anteriores a aquel en el cual se

realiza el nombramiento, designado también por el

Presidente de la República.

Los senadores a que se refieren las letras b),

c), d), y f) de este artículo durarán en sus

cargos ocho años. Si sólo existieren tres o

menos personas que reúnan las calidades y

requisitos exigidos por las letras b) a f) de

este artículo, la designación correspondiente

podrá recaer en ciudadanos que hayan desempeñado

otras funciones relevantes en los organismos,

instituciones o servicios mencionados en cada una

de las citadas letras.

La designación de estos senadores se efectuará