CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

ORIENTAL DEL URUGUAY

1966

SECCION I

DE LA NACION Y SU SOBERANIA

CAPITULO I

Art. 1. La República Oriental del Uruguay es la asociación

política de todos los habitantes conprendidos dentro su

territorio.

Art. 2. Ella es y será para siempre libre e independiente de

todo poder extranjero.

Art. 3. Jamás será el patrimonio de persona ni de familia

alguna.

CAPITULO II

Art. 4. La soberanía en toda su plenitud existe redicalmente en

la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer

sus leyes, del modo que más adelante se expresará.

CAPITULO III

Art. 5. Todos los cultos religiosos son libre en el Uruguay. El

Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia

Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o

parcialmente construídos con fondos del Erario Nacional,

exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos,

hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara,

asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos

consagrados al culto de las diversas religiones.

CAPITULO IV

Art. 6. En los tratados internacionales que celebre la

República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que

surgan entre las partes contratantes, serán decididas por el

arbitraje u otros medios pacíficos.

La República procurará la integración social y

económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo

que se refiere a la defensa común de sus productos y materias

primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus

servicios públicos.

SECCION II

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO I

Art. 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser

protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad,

trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos

sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de

interés general.

Art. 8. Todas las personas son iguales ante la ley, no

reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los

talentos o las virtudes.

Art. 9. Se prohibe la fundación de mayorazgos.

Ninguna autoridad de la República podrá conceder título

alguno de nobleza, ni honores ni distinciones hereditarias.

Art. 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún

modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están

excentas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la República será obligado a hacer

lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe.

Art. 11. El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá

entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de

orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos

determinados por la ley.

Art. 12. Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de

proceso y sentencia legal.

Art. 13. La ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados

en las causas criminales.

Art. 14. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes

por razones de carácter político.

Art. 15. Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo

semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.

Art. 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el

Juez, bajo la más seria responsabiliad, tomará al arrestado su

declaración dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y

ocho, lo más, empezará el sumario. La declaración del acusado

deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá

también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales.

Art. 17. En caso de prisión indebida el interesado o cualquier

persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de

"habeas corpus", a fin de que la autoridad aprehensora explique y

justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión,

estándose a lo que decida el Juez indicado.

Art. 18. La leyes fijarán el orden y las formalidades de los

juicios.

Art. 19. Quedan prohibidos los juicios por comisión.

Art. 20. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus

declaraciones o confesiones, sobre hecho propio, y prohibido el

que sean tratados en ellas como reos.

Art. 21. Queda igualmente vedado el juicio criminal en rebeldía.

La ley proveerá lo conveniente aeste respecto.

Art. 22. Todo juicio criminal empezará por acusación de parte o

del acusador público, quedando abolidas las pesquisas secretas.

Art. 23. Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la

más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así

como por separarse del orden de proceder que en ella se

establezca.

Art. 24. El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes

Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo

órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado

a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados

a sugestión o dirección.

Art. 25. Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios,

en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio,

en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público

correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado

en reparación.

Art. 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte.

En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan

para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y

penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo,

y la profilaxis del delito.

Art. 27. En cualquier estado de una causa criminal de que no

haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner

al acusado en libertad, dando fianza según la ley.

Art. 28. Los papeles de los particulares y su correspondencia

epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son

inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o

intercepción sino conforme a las leyes que se establecieren por

razones de interés general.

Art. 29. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de

pensamiento por palabras, escritos privados o publicaciones de

prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad

de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso,

el impresor o emisor, con arreglo a la ley por abusos que

cometieren.

Art. 30. Todo habitante tiene derecho de petición para ante

todas y cualesquiera autoridades de la República.

Art. 31. La seguridad individual no podrá suspenderse sino con

la anuencia de la Asamblea General, o estando ésta disuelta o en

receso, de la Comisión Permanente, y en el caso extraordinario de

traición o conpiración contra la patria; y entonces sólo para la

aprehensión de los delincuentes, sin perjuicio de los dispuesto

en el inciso 17 del artículo 168.

Art. 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo

que dispongan las leyes que se establecieren por razones de

interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de

propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas

establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional

una justa y previa compensación. Cuando se declare la

expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se

indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que

sufrieren en razón de duración del procedimiento expropiatorio,

se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las

variaciones en el valor de la moneda.

Art. 33. El trabajo intelectual, el derecho del autor, del

inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la

ley.

Art. 34. Toda la riqueza artística o histórica del país, sea

quien fuere su dueño, constituye el tesoro Cultural de la Nación;

estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo

que estime oportuno para su defensa.

Art. 35. Nadie será obligado a presentar auxilios, sean de la

clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para

alojamiento de militares, sino de orden del magistrado civil

según la ley, y recibirá de la República la indemnización del

perjuicio que en tales casos se le infiera.

Art. 36. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo,

industria, comercio, profesión, o cualquier otra actividad

lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan

las leyes.

Art. 37. Es libre la entrada de toda persona en el territorio de

la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes,

observado la leyes y salvo perjuicio de terceros.

La inmigración deberá ser reglamentada por ley, pero en

ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales

o morales que puedan perjudicar a la sociedad.

Art. 38. Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin

armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por

ninguna autoridad de la República sino en virtu de una ley, y

solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden

públicos.

Art. 39. Todas las personas tienen el derecho de asociarse,

cualesquiera sea el objeto que persigan, siempre que no

constituyan una asociación ilícita declarada por la ley.

CAPITULO II

Art. 40. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado

velará por su estabilidad moral y material, para mejor formación

de los hijos dentro de la sociedad.

Art. 41. El cuidado y educación de los hijos para que éstos

alcance su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un

deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo

numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre

que los necesiten.

La ley dispondrá las medidas necesarias para que la

infancia y la juventud sean protegidas contra el abandono

corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como

contra la explotación y el abuso.

Art. 42. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del

matrimonio los mismos deberes que respectoa a los nacidos dentro

de él.

La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de

la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su

asistencia en caso de desamparo.

Art. 43. La ley procurará que la delincuencia infantil esté

sometida a un régimen especial en que se dará participación a la

mujer.

Art. 44. El Estado legislará en todas las cuestiones

relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el

perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes

del país.

Todos los habitantes tiene el deber de cuidar su salud,

así como el de asistirse en caso de enfermedad. El estado

proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de

asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos

suficientes.

Art. 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de

vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda

higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando

la inversión de capitales privados para ese fin.

Art. 46. El estado dará asilo a los indigentes o carentes de

recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de

carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo.

Art. 47. El Estado combatirá por medio de la ley y de las

Convenciones Internacionales, los vicios sociales.

Art. 48. El derecho sucesorio queda garantizado dentro de los

límites que establezca la ley. La línea recta ascendente y la

descendente tendrán un tratamiento preferencial en las leyes

impositivas.

Art. 49. El "bien de familia", su constitución, conservación,

goce y transmisión, serán objeto de una legislación protectora

especial.

Art. 50. El Estado orientará el de comercio exterior de la

República protegiendo las actividades productivas cuyo destino

sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley

promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará

preferentemente con este destino el ahorro público.

Toda organización comercial o industrial trustificada

estará bajo el contralor del Estado.

Art. 51. El Estado o los gobiernos Departamentales, en su caso,

condicionarán a su homologación, el establecimiento y la vigencia

de las tarifas de servicios públicos a cargo de empresas

concesionarias.

Las concesiones a que se refiere este artículo no

podrán darse a perpetuidad en ningún caso.

Art. 52. Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que

señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta

determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá

ser privado de su libertad por deudas.

Art. 53. El trabajo está bajo la protección especial de la ley.

Todo habitante de la República, sin perjucio de su libertad,

tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales

en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que

procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la

posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una

actividad económica.

Art. 54. La ley ha de reconocer a quien se hallaré en una

relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la

independencia de su conciencia moral y cívica; la justa

remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y

la higiene física y moral.

El trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho

años será especialmente reglamentado y limitado.

Art. 55. La ley reglamentará la distribución imparcial y

equitativa del trabajo.

Art. 56. Toda empresa cuyas características determinen la

permanencia del personal en el respectivo establecimiento, estará

obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados,

en las condiciones que la ley establecerá.

Art. 57. La ley promoverá la organización de sindicatos

gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para

reconocerles personería jurídica.

Promoverá asimismo, la creación de tribunales de

conciliación y arbitraje.

Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre

esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad.

Art. 58. Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de

una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo,

queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose

ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.

No podrán constituirse agrupaciones con fines

proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones

públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre

sus integrantes.

Art. 59. La ley establecerá el Estatuto del funcionario sobre la

base fundamental de que el funcionario existe para la función y

no la función para el funcionario. Sus preceptos se aplicarán a

los funcionarios dependientes:

A) Del poder ejecutivo, con excepción de los militares,

policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes

especiales.

B) Del Poder judicial y del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la

Judicatura.

C) Del Tribunal de Cuentas.

D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio

de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los

partidos políticos.

E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo

que a su respecto se disponga por leyes especiales en

atención a la diversa índole de sus cometidos.

Art. 60. La ley creará el Servicio Civil de la Administración

Central. Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que tendrá

los cometidos que ésta establezca para asegurar una

administración eficiente.

Establécese la carrera administrativa para los

funcionarios presupuestados de la Administración Central, que se

declaran inamovibles, sin perjuicio de lo que sobre el particular

disponga la ley por mayoría absoluta de votos del total de

componentes de cada Cámara y de lo establecido en el inciso 4o.

de este Artículo.

Su destitución sólo podrá efectuarse de acuerdo con las

reglas establecidas en la presente Constitución.

No están comprendidos en la carrera administrativa los

funcionarios de carácter político o de particular confianza,

estatuídos, con esa calidad, por ley aprobada por mayoría

absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los

que serán designados y podrán ser destituídos por el órgano

administrativo correspondiente.

Art. 61. Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del

Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la

Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el

cargo, el ascenso, el descanso semanal y al régimen de licencia

anual y por enfermedad; las condiciones de la suspensión o del

traslado; sus obligaciones funcionales y los recursos

administrativos contra las resoluciones que los afecten, sin

perjuicio de lo dispuesto en la Sección XVII.

Art. 62. Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto

para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en

los artículos precedentes, y mientras no lo hagan regirán para

ellos las disposiciones que la ley establezca para los

funcionarios públicos.

A los efectos de declarar la amovilidad de sus

funcionarios y de calificar los cargos de carácter político o de

particular confianza, se requerirán los tres quintos del total de

componentes de la junta departamental.

Art. 63. Los Entes Autónomos comerciales e industriales

proyectarán, dentro del año de promulgada la presente

Constitución, el Estatuto para los funcionarios de su

dependencia, el cual será sometido a la aprobación del Poder

Ejecutivo.

Este Estatuto contendrá las disposiciones conducentes a

asegurar el normal funcionamiento de los servicios y las reglas

de garantía establecidas en los artículos anteriores para los

funcionarios, en lo que fuere conciliable con los fines

específicos de cada Ente autónomo.

Art. 64. La ley, por dos tercios de votos del total de

componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales

que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los

funcionarios de todos los Entes Autónomos, de algunos de ellos,

según los casos.

Art. 65. La ley podrá autorizar que en los entes Autónomos se

constituyan comisiones representativas de los personales

respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el

cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del

ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios,

reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas

disciplinarías.

En los servicios públicos administrados directamente o

por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de

órganos competentes para entender en las desinteligencias entre

las autoridades de los servicios y sus empleados y obreros; así

como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad

pública para mantener la continuidad de los servicios.

Art. 66. Ninguna investigación parlamentaria o administrativa

sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará

concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar

sus descargos y articular su defensa.

Art. 67. Las jubilaciones generales y seguros sociales se

organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores,

patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para

los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación

forzosa, etc; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión

correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para

el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga

permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus

necesidades vitales.

Art. 68. Queda garantizada la libertad de enseñanza.

La ley reglamentará la intervención del Estado al sólo

objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el

orden públicos.

Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la

enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones

que desee.

Art. 69. Las instituciones de enseñanza privada y las culturales

de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales

y municipales, como subvención para sus servicios.

Art. 70. Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza

media, agraria o industrial.

El Estado propenderá al desarrollo de la investigación

científica y de la enseñanza técnica.

La ley proveerá lo necesario para la efectividad de

estas disposiciones.

Art. 71. Declárase de utilidad social la gratuidad de la

enseñanza oficial primaria, media superior, industrial y

artística y de la educación física; la creación de becas de

perfeccionamiento y especialización cultural, científica y

obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares.

En todas las instituciones docentes se atenderá

especialmente la formación del carácter moral y cívico de los

alumnos.

CAPITULO III

Art. 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías hechas

por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la

personalidad humana o se derivan de la forma republicana de

gobierno.

SECCION III

DE LA CIUDADANIA Y DEL SUFRAGIO

CAPITULO I

Art. 73. Los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay son

naturales o legales.

Art. 74. Ciudadanos naturales son todos los hombres y mujeres

nacidos en cualquier punto del territorio de la República. Son

también ciudadanos naturales los hijos de padre o madre

orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimiento, por

el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro

Cívico.

Art. 75. Tiene derechos a la ciudadanía legal:

A) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena

conducta, con familia constituida en la República, que

poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país,

o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan

tres años de residencia habitual en la República.

B) Los hombres y las mujeres extranjeros de buena

conducta, sin familia constituida en la República, que

tengan alguna de las cualidades del inciso anterior y

cinco años de residencia habitual en el país.

C) Los hombres y las mujeres extranjeros que obtengan

gracia especial de la Asamblea General por servicios

notables o méritos relevantes.

La prueba de la residencia deberá fundarse

indispensablemente en instrumento público o privado de fecha

comprobada.

Los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán

ser ejercidos por los extranjeros comprendidos en los

incisos A) y B) hasta tres años después del otorgamiento de

la respectiva carta.

La existencia de cualesquiera de las causales de

suspensión a que se refiere el artículo 80, obstará al

otorgamiento de la carta de ciudadanía.

Art. 76. Todo ciudadano puede ser llamado a los empleos

públicos.

Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino

tres años después de habérseles otorgado la carta de ciudadanía.

No se requerirá la ciudadanía para el desempeño de

funciones de profesor en la enseñanza superior.

CAPITULO II

Art. 77. Todo ciudadano es miembro de la soberanía del a Nación;

como tal es elector y elegible en los casos y formas que se

designarán.

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la

ley, pero sobre las bases siguientes:

1[[ordmasculine]]) Inscripción obligatoria en el Registro Cívico.

2[[ordmasculine]]) Voto Secreto y obligatorio. La ley, por mayoría

absoluta del total de componentes de cada Cámara,

reglamentará el cumplimiento de esta obligación.

3[[ordmasculine]]) Representación proporcional integral.

4[[ordmasculine]]) Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal

de lo Contencioso- Administrativo y del Tribunal de

Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los

Servicios Descentralizados, los militares en actividad,

cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales

de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena

de destitución e inhabilitación de dos a diez años para

ocupar cualquier empleo público de formar parte de

comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos

de Partido, autorizar el uso de su nombre y, en

general, ejecutar cualquier otro acto público o privado

de carácter político, salvo el voto. No se considera

incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los

Directores de los entes Autónomos y de los Servicios

Descentralizados a los organismos de los Partidos que

tengan como cometido específico el estudio de problemas

de gobierno, legislación y administración.

Será competente para conocer y aplicar las penas de

estos delitos electorales, la Corte Electoral. La

denuncia deberá ser formulada ante ésta por cualquiera

de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades

nacionales de los Partidos. Sin perjuicio de lo

dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán

los antecedentes a la justicia ordinaria a los demás a

que hubiere lugar.

5[[ordmasculine]]) El Presidente de la República y los miembros de la

Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o

clubes políticos, ni actuar en los organismos

directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna

forma en la propaganda política de carácter electoral.

6[[ordmasculine]]) Todas las corporaciones de carácter electivo que se

designen para intervenir en las cuestiones del

sufragio, deberán ser elegidas con las garantías

consignadas en este artículo.

7[[ordmasculine]]) Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así

como toda modificación o interpretación de las

vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de

componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial

regirá sólo para las garantías del sufragio y elección,

composición, funciones y procedimientos de la Corte

Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en

materia de gastos, presupuestos y de orden interno de

las mismas, bastará la simple mayoría.

8[[ordmasculine]]) La ley podrá extender a otras autoridades por dos

tercios de votos del total de componentes de cada

Cámara, la prohibición de los numerales 4o. y 5o.

9[[ordmasculine]]) La elección de los miembros de ambas Cámaras del Poder

Legislativo, del Presidente y Vicepresidente de la

República, de los miembros de las juntas

Departamentales, de los Intendentes, y, en sus casos,

de las Juntas Locales Autónomas electivas, así como la

de cualquier órgano para cuya constitución o

integración las leyes establezcan el procedimiento de

la elección por el Cuerpo Electoral, se realizarán el

último domingo del mes de noviembre cada cinco años sin

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 148. Las

listas de candidatos para ambas Cámaras y para

Presidente y Vicepresidente de la República, deberán

figurar en una hoja de votación. En hoja parte,

individualizada con el mismo lema se votarán,

conjuntamente, las listas de candidatos a juntas Departamentales, Intendentes y, en su caso, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 79.

10[[ordmasculine]]) Ningún Legislador ni Intendente que renuncie a su cargo

después de incorporado al mismo, tendrá derecho al

cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera

corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta

cumplido el período completo para el que elegido. Esta

disposición no comprende a los casos de renuncia por

enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica,

ni a los autorizados por los tres quintos de votos del

total de componentes del Cuerpo a que correspondan, ni

a los Intendentes que renuncien tres meses antes de la

elección para poder ser candidatos.

11[[ordmasculine]]) El Estado velará por asegurar a los Partidos políticos

la más amplia libertad. Sin perjuicio de ello, los

Partidos deberán:

Ejercer efectivamente la democracia interna en la

elección de sus autoridades;

Dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y

Programa de Principios, en forma tal que el ciudadano

pueda conocerlos ampliamente.

Art. 78. Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener

previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres

extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la

República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el

país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan

residencia habitual de quince años, por lo menos, en la

República.

La prueba de la residencia se fundará

indispensablemente en instrumento público o privado de fecha

comprobada y si la justificación fuera satisfactoria para la

autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado

para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el registro

Cívico, autorizado por la certificación que, a los efectos, la

extenderá aquella misma autoridad.

CAPITULO III

Art. 79. La acumulación de votos por lema para cualquier cargo

electivo, sólo puede hacerse en función de lemas permanentes, sin

perjuicio de cumplirse, en todo caso, para la elección de

Representantes, con los dispuesto en la primera parte del

artículo 88. Un lema para ser considerado permanente, debe haber

participado en el comicio nacional anterior, obteniendo

representación parlamentaria. La ley, por dos tercios de votos

del total de componentes de cada Cámara, podrá modificar dicho

requisito.

El veinticinco por ciento del total de inscritos

habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su

promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer

el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos

institutos no son aplicables con respecto a las leyes que

establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la

iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos

serán reglamentados por ley, dictada por mayoría absoluta del

total de componentes de cada Cámara.

CAPITULO IV

Art. 80. La ciudadanía se suspenden:

1[[ordmasculine]]) Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y

reflexivamente.

2[[ordmasculine]]) Por la condición de legalmente procesado en causa

criminal de que pueda resultar pena de penitenciaria.

3[[ordmasculine]]) Por no haber cumplido dieciocho años de edad.

4[[ordmasculine]]) Por sentencia que imponga pena de destierro, prisión,

penitenciaria o inhabilitación para el ejercicio de

derechos políticos durante el tiempo de la condena.

5[[ordmasculine]]) Por el ejercicio habitual de actividades moralmente

deshonrosas, que determinará la ley sancionada de

acuerdo con el numeral 7o. del artículo 77.

6[[ordmasculine]]) Por formar parte de organizaciones sociales o políticas

que, por medio de la violencia o de propaganda que

incitase a la violencia tiendan a destruir las bases

fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales,

a los efectos de esta disposición, las contenidas en

las Secciones I y II de la presente Constitución.

7[[ordmasculine]]) Por la falta superviniente de buena conducta exigida en

el artículo 75.

Estas dos últimas causales sólo regirán respecto de los

ciudadanos legales.

El ejercicio del derecho que otorga el artículo 78 se

suspende por las causales numeradas precedentemente.

Art . 81. La nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse

en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio

de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la república e

inscribirse en el Registro Cívico.

La ciudadanía legal se pierde por cualquier forma de

naturalización ulterior.

Art. 82. La Nación adopta para su gobierno la forma democrática

republicana.

Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo

Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e

indirectamente por los Poderes representativos que establece esta

Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.

SECCION V

DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

Art. 83. El Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea

General.

Art. 84. Esta se compondrá de dos Cámaras: una de Representantes

y otra de Senadores, las que actuarán separadas o conjuntamente,

según las disposiciones de la presente Constitución.

Art. 85. A la Asamblea General compete:

1[[ordmasculine]]) Formar y mandar publicar los Códigos.

2[[ordmasculine]]) Establecer los Tribunales y arreglar la administración

de Justicia y de lo Contencioso- Administrativo.

3[[ordmasculine]]) Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad,

tranquilidad y decoro de la República; protección de

todos los derechos individuales y fomento de la

ilustración, agricultura, industria, comercio interior

y exterior.

4[[ordmasculine]]) Establecer las contribuciones necesarias para cubrir

los presupuestos, su distribución, el orden de su

recaudación e inversión, y suprimir, modificar o

aumentar las existentes.

5[[ordmasculine]]) Aprobar o reprobar, en todo o en parte, las cuentas que

presente el Poder Ejecutivo.

6[[ordmasculine]]) Autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Deuda

Pública Nacional, consolidarla, designar sus garantías

y reglamentar el crédito público, requiriéndose, en los

tres primeros casos, la mayoría absoluta de votos del

total de componentes de cada Cámara.

7[[ordmasculine]]) Decretar la guerra y aprobar o reprobar por mayoría

absoluta de votos del total de componentes de cada

Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las

convenciones o contratos de cualquier naturaleza que

celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.

8[[ordmasculine]]) Designar todos los años la fuerza armada necesaria. Los

efectivos militares sólo podrán ser aumentados por

mayoría absoluta de votos del total de componentes de

cada Cámara.

9[[ordmasculine]]) Crear nuevos Departamentos por mayoría de dos tercios

del total de componentes de cada Cámara; fijar sus

límites; habilitar puertos; establecer aduanas y

derechos de exportación e importación aplicándose, en

cuanto a estos últimos, lo dispuesto en el artículo 87;

así como declarar de interés nacional zonas turísticas,

que serán atendidas por el Ministerio respectivo.

10[[ordmasculine]]) Justificar el peso, ley y valor de las monedas; fijar

el tipo y denominación de las mismas, y arreglar el

sistema de pesas y medidas.

11[[ordmasculine]]) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el

territorio de la República, determinando, para el

primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se

exceptúan las fuerzas que entran al sólo efecto de

rendir honores, cuya entrada será autorizada por el

Poder Ejecutivo.

12[[ordmasculine]]) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera

de la República, señalando, para este caso, el tiempo

de su regreso a ella.

13[[ordmasculine]]) Crear o suprimir empleos públicos, determinando sus

dotaciones o retiros, y aprobar, repobar o disminuir

los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo;

acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra

clase y decretar honores públicos a los grandes

servicios.

14[[ordmasculine]]) Conceder indultos por dos tercios de votos del total de

componentes de la Asamblea General en reunión de ambas

Cámaras, y acordar amnistías en casos extraordinarios,

por mayoría absoluta de votos del total de componentes

de cada Cámara.

15[[ordmasculine]]) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el

tiempo y número en que deben reunirse.

16[[ordmasculine]]) Elegir el lugar en que deban residir las primeras

autoridades de la Nación.

17[[ordmasculine]]) Conceder monopolios, requiriéndose para ello dos

tercios de votos del total de componentes de cada

Cámara. Para instituirlos en favor del Estado o de los

Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría

absoluta del total de componentes de cada Cámara.

18[[ordmasculine]]) Elegir, en reunión de ambas Cámaras, los miembros de la

Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, del

Tribunal de lo Contencioso- Administrativo y del

Tribunal de Cuentas, con sujeción a lo dispuesto en las

Secciones respectivas.

19[[ordmasculine]]) Juzgar políticamente la conducta de los Ministros de

Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección VIII.

20[[ordmasculine]]) Interpretar la Constitución, sin perjucio de la

facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justica,

de acuerdo con los artículos 256 a 261.

Art. 86. La creación y supresión de empleos y servicios

públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la

autorización para los gastos, será mediante las leyes de

presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.

Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro

Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos.

Pero la iniciativa para la creación de empleo, de dotaciones o

retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o

recompensas pecuniarias, estatos o beneficios jubilatorios,

corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.

Art. 87. Para sancionar impuestos se necesitará el voto conforme

de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara.

CAPITULO II

Art. 88. La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y

nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a

un sistema de representación proporcional en el que se tomen en

cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país.

Corresponderán a cada Departamento, dos Representantes por lo

menos.

El número de Representantes podrá ser modificado por la

ley, la que requerirá para su sanción, dos tercios de votos del

total de los componentes de cada Cámara.

Art. 89. Los Representantes durarán cinco años en su funciones y

su elección se efectuará con las garantías y conforme a las

normas que para el sufragio se establecen en la Sección III.

Art. 90. Para ser Representante se necesita ciudadanía natural

en ejercicio, o legal con cinco años de ejercicio, y, en ambos

casos, veinticinco años cumplidos de edad.

Art. 91. No pueden ser Representantes:

1[[ordmasculine]]) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los

miembros del Poder Judicial del Tribunal de Cuentas,

del Tribunal de la Corte Electoral, de los Consejos o

Directorios o los Directores de los Entes Autónomos y

de los Servicios Descentralizados de las Juntas

Departamentales, de las juntas Locales y los

Intendentes.

2[[ordmasculine]]) Los empleados militares o civiles dependientes de los

Poderes Legislativo, Ejecutivo o judicial, de la Corte

electoral, del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo y del de Cuentas, de los Gobiernos

Departamentales, de los Entes Autónomos y de los

Servicios Descentralizados, por servicios a sueldo con

excepción de los retirados o jubilados. Esta

disposición no rige para los que desempeñen cargos

universitarios docentes o universitarios técnicos con

funciones docentes; pero si el elegido opta por

continuar desempeñándolos, será con carácter honorario

por el tiempo que dure su mandato. Los militares que

renuncien al destino y al sueldo para ingresar al

Cuerpo Legislativo, conservarán el grado, pero mientras

duren sus funciones legislativas no podrán ser

ascendidos, estarán exentos de toda subordinación

militar y no se contará el tiempo que permanezcan

desempeñando funciones legislativas a los efectos de la

antigüedad para el ascenso.

Art. 92. No pueden ser candidatos a Representantes el Presidente

de la República y los ciudadanos que hubiesen sustituido a aquél,

cuando hayan ejercido la Presidencia por más de un año, continuo

o discontinuo. Tampoco podrán serlo los Jueces y Fiscales

Letrados, ni los Intendentes. ni los funcionarios policiales en

los departamentos en que desempeñan sus funciones, ni los

militares en la región en que tengan mando de fuerza o ejerzan en

actividad alguna otra función militar, salvo que renuncien y

cesen en sus cargos con tres meses de anticipación al acto

electoral. Para los consejeros y Directores de los Entes

Autónomos y de los Servicios Descentralizados se estará a lo

previsto en el artículo 201.

Art. 93. Compete a la Cámara de Representantes el derecho

exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de

ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República,

a los Ministros de Estado, a los miembros de la suprema Corte de

Justicia, del Tribunal de los Contencioso Administrativo, del

TribunaL de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la

Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido

sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y

declarado haber lugar a la formación de causa.

CAPITULO III

Art. 94. La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros

elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción

electoral, conforme con las garantías y las normas que para el

sufragio se establecen en la Sección III y a lo que se expresa en

los artículos siguientes.

Será integrada, además, con el Vicepresidente de la

República, que tendrá voz y voto y ejercerá su Presidencia, y la

de la Asamblea General.

Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la

Presidencia de la República o en caso de vacancia definitiva o

temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias

el primer titular de la lista más votada del lema más votado, y

de repetirse las mismas circunstancias, el titular que le siga en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará al Senado.

Art. 95. Los Senadores serán elegidos por el sistema de

representación proporcional integral.

Art. 96. La distribución de los cargos de Senadores obtenidos

por diferentes sublemas dentro del mismo lema partidario, se hará

también propocionalmente al número de votos emitidos a favor de

las respectivas listas.

Art. 97. Los Senadores durarán cinco años en sus funciones.

Art. 98. Para ser Senador se necesita ciudadanía natural en

ejercicio, o legal con siete años de ejercicio, y, en ambos

casos, treinta años cumplidos de edad.

Art. 99. Son aplicables a los Senadores las incompatibilidades a

que se refiere el artículo 91, con las excepciones en el mismo

establecidas.

Art. 100. No pueden ser candidatos a Senadores los jueces y

Fiscales Letrados, ni los funcionarios policiales, ni los

militares con mando de fuerza o en ejercicio de alguna actividad

militar, salvo que renuncien y cesen en sus cargos con tres meses

de anticipación al acto electoral.

Para los Consejeros y Directores de Entes Autónomos y

de los Servicios Descentralizados se estará a lo previsto por el

artículo 201.

Art. 101. El ciudadano que fuere elegido Senador y Representante

podrá optar entre uno y otro cargo.

Art. 102. A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio

público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta

Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia al solo efecto

de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total

de sus componentes.

Art. 103. Los acusados, a quienes la Cámara de Senadores haya

separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

anterior, quedarán, no obstante sujetos a juicio conforme a la

Ley.

SECCION VI

DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS

DE LA COMISION PERMANENTE

CAPITULO I

Art. 104. La Asamblea General empezará sus sesiones el quince de

marzo de cada año, sesionando hasta el quince de diciembre, o

sólo hasta el quince de octubre, en el caso de que haya

elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus

sesiones el quince de febrero siguiente.

La Asamblea General se reunirá en las fechas indicadas

sin necesidad de convocatoria especial del Poder Ejecutivo y

presidirá sus sesiones y las de la Cámara de Senadores hasta la

toma de posesión del Vicepresidente de la República, el primer

titular de la lista de Senadores más votada del lema más votado.

Sólo por razones graves y urgentes la Asamblea General

o cada uno de las Cámaras, así como el Poder Ejecutivo, podrán

convocar a sesiones extraordinarias para hacer cesar el receso y

con el exclusivo objeto de tratar los asuntos que han motivado la

convocatoria así como el proyecto de ley declarado de urgente

consideración que tuviere a estudio aunque no estuviere incluído

en aquélla. Asimismo, el receso quedará automáticamente

suspendido para que la Cámara que tenga o reciba, durante el

transcurso del mismo, para su considración, un proyecto con

declaración de urgente consideración.

La simple convocatoria a sesiones extraordinarias no

bastará para hacer cesar el receso de la Asamblea General o de

cada uno de las Cámaras. Para que el receso se interrumpa,

deberán realizarse efectivamente sesiones y la interrupción

durará mientras éstas se efectúen.

CAPITULO II

Art. 105. Cada Cámara se gobernará interiormente por el

reglamento que se dicte, y, reunidas ambas en Asamblea General,

por el que ésta establezca.

Art. 106. Cada Cámara nombrará su Presidente y Vicepresidente, a

excepción del Presidente de la Cámara de Senadores, respecto al

cual regirá lo dispuesto en el artículo 94.

Art. 107. Cada Cámara nombrará sus Secretarios y el personal de

su dependencia, de conformidad con las disposiciones

reglamentarias que deberá establecer contemplando las reglas de

garantías previstas en los artículos 58 a 66, en lo que

corresponda.

Art. 108. Cada Cámara sancionará dentro de los doce primeros

meses de cada legislatura, sus presupuestos, por tres quintos de

votos del total de sus componentes, y lo avisará al Poder

Ejecutivo para que los incluya en el Presupuesto Nacional.

Dentro de los cinco primeros meses de cada período

legislativo, podrá por el mismo quórum, establecer las

modificaciones que estime indispensables. Si vencidos los plazos

el presupuesto no hubiera sido aprobado, continuará rigiendo el

anterior.

Art. 109. Ninguna de las Cámaras podrá abrir sus sesiones

mientras no esté reunida más de la mitad de sus miembros, y si

esto no se hubiera realizado el día que señala la Constitución,

la minoría podrá reunirse para compeler a los ausentes bajo las

penas que acordare.

Art. 110. Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí y con

los demás Poderes, por medio de sus respectivos Presidentes, y

con autorización de un Secretario.

Art. 111. Las pensiones graciables serán resueltas mediante el

voto secreto y requerirán la conformidad de la mayoría absoluta

del total de componentes de cada Cámara.

Los reglamentos de cada Cámara podrán establecer el

voto secreto para los casos de venias y designaciones.

Art. 112. Los Senadores y los Representantes jamás serán

responsables por los votos y opiniones que emitan durante el

desempeño de sus funciones.

Art. 113. Ningún Senador o Representante, desde el día de su

elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo en el

caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a

la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho.

Art. 114. Ningún Senador o Representante, desde el día de su

elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni

aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el

artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos

tercios de votos del total de sus componentes, resolverá el hay

lugar a la formación de causa,y, en caso afirmativo, lo declarará

suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal

competente.

Art. 115. Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros

por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta

suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de

votos del total de sus componentes.

Por igual número de votos podrá removerlo por

imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su

incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de

su cargo, después de su proclamación.

Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir

las renuncias voluntarias.

Art. 116. Las vacantes que por cualquier motivo se produzcan en

cada Legislatura, se llenarán por los suplentes designados al

tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley, y sin

hacerse nueva elección. La Ley podrá autorizar también la

convocatoria de suplentes por impedimento temporal o licencia de

los Legisladores titulares.

Art. 117. Los Senadores y Representantes serán compensados por

sus servicios con una asignación mensual que percibirán durante

el término de sus mandatos, sin perjuicio de los descuentos que

correspondieren, de acuerdo con el reglamento de la respectiva

Cámara, en caso de inasistencias injustificadas a las sesiones de

la Cámara que integran o de las comisiones informantes de que

forman parte.

Tales descuentos, en todo caso, se fijarán

proporcionalmente a la asignación.

La asignación será fijada por dos tercios de votos del

total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas

Cámaras, en el último período de cada Legislatura, para los

miembros de la siguiente. Dicha compensación les será satisfecha

con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y fuera de ella

los Legisladores no podrán recibir beneficios económicos de

ninguna naturaleza que deriven del ejercicio de su cargo.

CAPITULO IV

Art. 118. Todo Legislador puede pedir a los Ministros de Estado,

a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal

de lo Contencioso- Administrativo y al Tribunal de Cuentas, los

datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido.

El pedido se hará por escrito y por intermedio del Presidente de

la Cámara respectiva, el que lo transmitirá de inmediato al

órgano que corresponda. Si éste no facilitare los informes dentro

del plazo que fijará la ley, el Legislador podrá solicitarlos por

intermedio a lo que ésta resuelva.

No podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con

la materia y competencia jurisdiccionales del Poder judicial y

del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo.

Art. 119. Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución

de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer

venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir

los informes que estime convenientes ya sea con fines

legislativos, de inspección o de fiscalización, sin perjuicio de

los dispuesto en la Sección VII.

Cuando los informes se refieran a Entes Autónomos o

Servicios Descentralizados, los Ministros podrán requerir la

asistencia conjunta de un representante del respectivo Consejo o

Directorio.

Art. 120. Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de

investigación o para suministrar datos con fines legislativos.

Art. 121. En los casos previstos en los tres artículo anteriores,

cualquiera de las Cámaras podrá formular declaraciones, sin

perjuicio de los dispuesto en la Sección VIII.

CAPITULO V

Art. 122. Los Senadores y los Representantes, después de

incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos

rentados de los Poderes del Estado, de los Gobiernos

Departamentales, de los Entes Autónomos, de los Servicios

Descentralizados o de cualquier otro órgano público ni prestar

servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin

consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, quedando en todos

los casos ante su representación en el acto de recibir el empleo

o de prestar el servicio.

Cuando un Senador sea convocado para ejercer

temporalmente la Presidencia de la República y cuando los

Senadores y los Representantes sean los Senadores y los

Ministerios o Subsecretarías de Estado, quedarán suspendidos en

sus funciones legislativas, sustituyéndoseles, mientras dure la

suspensión por el suplente correspondiente.

Art. 123. La función legislativa es también incompatible con el

ejercicio de todo otro cargo público electivo, cualquiera sea su

naturaleza.

Art. 124. Los Senadores y los Representantes tampoco podrán

durante su mandato:

1[[ordmasculine]]) Intervenir como directores, administradores o empleados

en empresas que contraten obras o suministros con el

Estado, los gobiernos Departamentales, Entes Autónomos,

Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano

público.

2[[ordmasculine]]) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la

Administración Central, Gobiernos Departamentales,

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

La inobservancia de lo preceptuado en este artículo

importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.

Art. 125. La incompatibilidad dispuesta por el inciso primero del

artículo 122, alcanzará a los Senadores y a los Representantes

hasta un año después de la terminación de su mandato, salvo

expresa autorización de la Cámara respectiva.

Art. 126. La ley, por mayoría absoluta de votos del total de

componentes de cada Cámara, podrá reglamentar las prohibiciones

establecidas en los dos artículo precedentes o establecer otras,

así como extenderlas a los integrantes de otros órganos.

CAPITULO VI

Art. 127. Habrá una Comisión Permanente compuesta de cuatro

Senadores y siete Representante elegidos por el sistema

proporcional, designados uno y otros, por sus respectivas

Cámaras. Será Presidente de la misma un Senador de la mayoría. La

designación se hará anualmente, dentro de los quince días de la

constitución de la Asamblea General o de la iniciación de cada

período de sesiones ordinarias de la Legislatura.

Art. 128. Al mismo tiempo que se haga esta elección, se hará la

de un suplente para cada uno de los once miembros que entre a

llenar sus funciones en los casos de enfermedad, muerte u otros

que ocurran, de los titulares.

Art. 129. La Comisión Permanente velará sobre la observancia de

la Constitución y de las leyes, haciendo al Poder Ejecutivo las

advertencias convenientes al efecto, bajo responsabilidad para

ante la Asamblea General actual o siguiente en su caso.

Art. 130. Para el caso de que dichas advertencias, hechas hasta

por segunda vez, no surtieran efecto, podrá por sí sola, según la

importancia o gravedad del asunto, convocar a la Asamblea

General.

En el caso de que el Presidente de la República hubiere

hecho uso de la facultad otorgada por el artículo 148, inciso 7[[ordmasculine]],

la Comisión Permanente dará cuenta a la Asamblea General al

constituirse las nuevas Cámaras o al reiniciar sus funciones las

anteriores.

Art. 131. Ejercerá sus funciones desde la fecha indicada por la

Constitución para la iniciación del receso de la Asamblea

General, hasta que se reinicien las sesiones ordinarias.

Los asuntos de competencia de la Comisión Permamente

que se encuentren a estudio de la Asamblea General o de la

Cámara de Senadores en la fecha indicada para la iniciación del

receso, parará de oficio a conocimiento de aquella.

No obstante, interrumpido el receso y mientras dure el

período de sesiones extraordinarias, la Asamblea General o la

Cámara de Senadores podrán, cuando así lo resuelvan, asumir

jurisdicción en los asuntos de su competencia que se encuentren a

consideración de la Comisión Permanente, previa comunicación a

este Cuerpo.

Terminadas las sesiones extraordinarias, los asuntos no

resueltos sobre los que hayan asumido jurisdicción la Asamblea

General o la Cámara de Senadores, serán remitidos de oficio, por

la Mesa respectiva, a la Comisión Permanente.

En cada nuevo período de sesiones extraordinarias que

se realice durante el receso, la Asamblea General o la Cámara de

Senadores, podrán hacer uso de la facultad que les acuerda este

artículo.

Terminado el receso los asuntos sin resolución a

conocimiento de la Comisión Permanente pasarán de oficio al

Cuerpo que corresponda.

No afectará la obligación y la responsabilidad que

impone a la Comisión Permanente el artículo 129, la circunstancia

de que la Asamblea General o cualquiera de las Cámaras se reunan

en sesiones extraordinarias ni aún cuando la Asamblea General o

la Cámara de Senadores hayan asumido jurisdicción sobre todos los

asuntos a consideración de la Comisión Permanente.

(g) Si hubiesen caducado los poderes de los Senadores y

Representantes por expiración constitucional, sin que estuviesen

proclamados los Senadores y Representantes electos, o se hubiera

hecho uso de la facultad del artículo 148, inciso 7o. la Comisión

Permanente en ejercicio continuarán las funciones que en este

Capítulo se le confieren, hasta la constitución de las nuevas

Cámaras.

En este caso, al constituirse cada una de las Cámaras,

procederá a efectuar la designación de los nuevos miembros de la

Comisión Permanente.

Art. 132. Corresponderá también a la Comisión Permanente, prestar

o rehusar su consentimiento en todos los casos en que el Poder

Ejecutivo lo necesite, con arreglo a la presente Constitución y

la facultad concedida a las Cámaras en los artículos 118 y

siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 13 del

artículo 168.

SECCION VII

DE LA PROPOSICION, DISCUSION, SANCION

Y PROMULGACION DE LAS LEYES

CAPITULO I

Art. 133. Todo proyecto de ley puede tener su origen en

cualquiera de las dos Cámaras a consecuencia de proposiciones

hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo

por medio de sus Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el

inciso 6o. del artículo 85 y artículo 86. requerirá la iniciativa

del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que determine

exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios

de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o

privada.

El Poder Legislativo no podrá aumentar las

exoneraciones tributarias ni los mínimos pre- propuestos por el

Poder Ejecutivo para salarios y precios ni, tampoco, disminuir

los precios máximos propuestos.

CAPITULO II

Art. 134. Si la Cámara en que tuvo principio el proyecto, lo

aprueba, lo pasará a la otra para que, discutido en ella, lo

apruebe también, lo reforme, adicione o deseche.

Art. 135. Si cualquiera de las dos Cámaras a quien se remitiese

un proyecto de ley lo devolviese con adiciones y observaciones, y

la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en

contestación, y quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo; pero si

no las hallaré justas, e insistiese en sostener su proyecto tal y

cual lo había remitido al principio, podrá en tal caso, por medio

de oficio, solicitar la reunión de ambas Cámaras y, según el

resultado de la discusión, se adoptará lo que decidan los dos

tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos

divergentes o, aún, aprobar otro nuevo.

Art. 136. Si la Cámara a quince fuese remitido el proyecto no

tiene reparos que oponerle, lo aprobará y sin más que avisarlo a

la Cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo

haga publicar.

Los proyectos de ley no sancionados por una y otra

Cámara en la misma Legislatura, se considerarán como iniciados en

la Cámara que los sancione ulteriormente.

Art. 137. Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo

tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo

devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo

perentorio de diez días.

Art. 138. Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder

Ejecutivo con objeciones u observaciones, se convocará a la

Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de

los miembros presentes.

Transcurridos sesenta días de la primera convocatoria

sin mediar pronunciamiento de la Asamblea General, se

considerarán aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo.

Art. 139. Si las observaciones del Poder Ejecutivo se refirieren

a una parte de proyecto, la Asamblea, por mayoría absoluta de

presentes, podrá rectificarlo ajustándose a aquéllas.

Art. 140. Si las Cámaras reunidas desaprobaran el proyecto

devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto por entonces,

y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente

Legislatura.

Art. 141. En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto

por el Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no,

y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las

objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo se publicarán

inmediatamente por la prensa.

Art. 142. Cuando un proyecto hubiese sido desechado al principio

por la Cámara a quien la otra se lo remita, quedará sin efecto

por entonces, y no podrá ser presentado hasta el siguiente

período de la Legislatura.

CAPITULO III

Art. 143. Si el Poder Ejecutivo, a quien se hubiese remitido un

proyecto de ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará

inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para

ser promulgado sin demora.

Art. 144. Si el ejecutivo no devolviese el proyecto, cumplidos

los diez días de ley se cumplirá como tal, reclamándose esto, en

caso omiso, por la Cámara respectiva.

Art. 145. Reconsiderado por las Cámaras reunidas un proyecto de

ley que hubiese sido devuelto por el Poder Ejecutivo con

objeciones u observaciones, si aquellas lo aprobaren nuevamente,

se tendrá por su última sanción, y comunicado al Poder Ejecutivo,

lo hará promulgar en seguida sin más reparos.

CAPITULO IV

Art. 146. Sancionada una ley para su promulgación se usará

siempre de esta fórmula: "El Senado y la Cámara de Representantes

de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea

General, decretan:"

SECCION VIII

DE LAS RELACIONES ENTRE EL PODER

LEGISLATIVO Y EL PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

Art. 147. Cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de

los Ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en

sesión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de

administración o de gobierno.

Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara

en la cual se formulen será especialmente convocada, con un

término no inferior a cuarenta y ocho horas, para resolver sobre

su curso.

Si la moción fuese aprobada por mayoría de presentes,

se dará cuenta a la Asamblea General, la que será citada dentro

de las cuarenta y ocho horas.

Si en primera convocatoria de la Asamblea General, no

se reúne el número suficiente para sesionar, se practicará una

segunda convocatoria y la Asamblea General se considerará

constituida con el número de Legisladores que concurra.

Art. 148. La desaprobación podrá ser individual, plural o

colectiva, debiendo ser pronunciada en cualquier caso, por

mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea

General, en sesión especial y pública. Sin embargo, podrá optarse

por la sesión secreta cuando así lo exijan las circunstancias.

Se entenderá por desaprobación individual la que afecte

a un Ministro, por desaprobación plural la que afecte a más de un

Ministro, y por desaprobación colectiva la que afecte a la

mayoría del Consejo de Ministros.

La desaprobación pronunciada conforme a los dispuesto

en los incisos anteriores determinará la renuncia del Ministro,

de los Ministros o del Consejo de Ministros, según los casos.

El Presidente de la República podrá observar el voto de

desaprobación cuando sea pronunciado por menos de dos tercios del

total de componentes del Cuerpo.

En tal caso la Asamblea General será convocada a sesión

especial a celebrarse dentro de los diez días siguientes.

Si una primera convocatoria la Asamblea General no

reúne el número de legisladores necesarios para sesionar, se

practicará una segunda convocatoria, no antes de veinticuatro

horas ni después de setenta y dos horas de la primera, y si ésta

tampoco tuviera número se considerará revocado el acto de

desaprobación.

Si la Asamblea General mantuviera su voto por un número

inferior a los tres quintos del total de sus componentes, el

Presidente de la República, dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes podrá mantener por decisión expresa, al ministro, a

los Ministros o al Consejo de Ministros censurados y disolver las

Cámaras.

En tal caso deberá convocar a nueva elección de

Senadores y Representantes, la que se efectuará el octavo domingo

siguiente a la fecha de la referida decisión.

El mantenimiento del Ministro, Ministros o Consejo de

Ministros censurados, la disolución de las Cámaras y la

convocatoria a nueva elección, deberá hacerse simultáneamente en

el mismo decreto.

En tal caso las Cámaras quedarán suspendidas en sus

funciones, pero subsistirá el estatuto y fuero de los

legisladores.

El Presidente de la República no podrá ejercer esa

facultad durante los últimos doce meses de su mandato. Durante

igual término, la Asamblea General podrá votar la desaprobación

con los efectos del apartado tercero del presente artículo,

cuando sea pronunciada por dos tercios o más del total de sus

componentes.

Tratándose de desaprobación no colectiva, el Presidente

de la República no podrá ejercer esa facultad sino una sola vez

durante el término de su mandato.

Desde el momento en que el Poder Ejecutivo no dé

cumplimiento al decreto de convocatoria a las nuevas elecciones,

las Cámaras volverán a reunirse de pleno derecho y recobrarán sus

facultades constitucionales como Poder legítimo del Estado y

caerá el Consejo de Ministros.

Si a los noventa días de realizada la elección la Corte

Electoral no hubiese proclamado la mayoría de los miembros de

cada una de las Cámaras, las Cámaras disueltas recobrarán sus

derechos.

Proclamada la mayoría de los miembros de cada una de

las Cámaras por la Corte Electoral, la Asamblea General se

reunirá de pleno derecho dentro del tercer día de efectuada la

comunicación respectiva.

La nueva Asamblea General se reunirá sin previa

convocatoria del Poder Ejecutivo y simultáneamente cesará la

anterior.

Dentro de los quince días de su constitución, la nueva

Asamblea General, por mayoría absoluta del total de sus componentes, mantendrá o revocará el voto de desaprobación. Si lo

mantuviera caerá el Consejo de Ministros.

Las Cámaras elegidas extraordinariamente, completarán

el término de duración normal de las cesantes.

SECCION IX

DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

Art. 149. El Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de

la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o

con el Consejo de Ministros, de acuerdo a lo establecido en esta

Sección y demás disposiciones concordantes.

Art. 150. Habrá un Vicepresidente que en todos los casos de

vacancia temporal o definitiva de la Presidencia deberá

desempeñarla con sus mismas facultades y atribuciones.

Si la vacancia fuese definitiva, la desempeñará hasta el término

del período de Gobierno.

El Vicepresidente de la República desempeñará la

Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores.

Art. 151. El Presidente y el Vicepresidente de la República serán

elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, a

mayoría simple de votantes mediante el sistema de doble voto

simultáneo y sin que en ningún caso pueda efectuarse acumulación

de sublemas.

Regirán además las garantías que se establecen para el

sufragio en las Sección III, considerándose la República como una

sola circunscripción electoral.

Sólo podrán ser elegidos los ciudadanos naturales en

ejercicio, que tengan treinta y cinco años cumplidos de edad.

Art. 152. El Presidente y el Vicepresidente durarán cinco años en

sus funciones, y para volver a desempeñarlas se requerirá que

hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

Esta disposición comprende al Presidente respecto a la

Vicepresidencia y no al Vicepresidente con respecto a la

Presidencia, salvo las excepciones de los incisos siguientes.

El Vicepresidente y el ciudadano que hubiese

desempeñado la Presidencia por vacancia definitiva por más de un

año, no podrán ser electos para dichos cargos, sin que transcurra

el mismo plazo establecido en el inciso primero.

Tampoco podrá ser elegido Presidente, el Vicepresidente

o el ciudadano que estuviese en el ejercicio de la Presidencia en

el término comprendido en los tres meses anteriores a la

elección.

Art. 153. En caso de vacancia definitiva o temporal de la

Presidencia de la República, en razón de licencia, renuncia, cese

o muerte del Presidente y del Vicepresidente en su caso, deberá

desempeñarla el Senador primer titular de la lista más votada del

lema más votado que reuna las calidades exigidas por el artículo

151 y no esté impedido por lo dispuesto en el artículo 152. En su

defecto, el primer titular de la misma lista, en ejercicio del

cargo, que reuniese esas calidades si no tuviese dichos

impedimentos, y así suscesivamente.

Art. 154. Las dotaciones del Presidente y del Vicepresidente de

la República serán fijadas por ley previamente a cada elección

sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño del

cargo.

Art. 155. En caso de renuncia, incapacidad permanente, muerte del

Presidente y Vicepresidente electos, antes de tomar posesión de

los cargos, desmpeñarán la Presidencia y la Vicepresidencia, el